El histórico reino de Navarra sufre, como el de Valencia con los catalanes, ataques constantes de los vascos, en un intento de suplantación territorial y lingüística. Sin embargo, a diferencia de nosotros, los navarros, han decidido poner coto a la megalomanía vasca y, en concreto, al decreto del curriculum vasco de la Educación Básica aprobado por el gobierno de Ibarretxe, donde se incluía "indiferentemente" a Navarra "en el ámbito territorial de Euskal Herria".

 

El pasado 27 de enero, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulaba los apartados del decreto, al considerar que "menoscaba el reconocimiento de la identidad propia, diferenciada y separada" de la Comunidad de Navarra, de la Comunidad Autónoma Vasca.

 

La sentencia, es clara, concisa y un duro revés a los intentos anexionistas de aquellos que piden respeto para su singularidad y desprecian la de los demás, ya que obliga a hacerse "con sujeción a la Constitución y al orden jurídico-administrativo vigente que no puede ser desconocido y obviado".

 

La lectura de esta sentencia me produce satisfacción y pena a partes iguales. Satisfacción al comprobar como con decisión política (caso del Gobierno de Navarra) se puede actuar en contra de los que vulneran la legislación vigente; y pena al sufrir esa falta de voluntad política de defender nuestra personalidad valenciana también "propia, diferenciada y separada", por parte de nuestro gobierno. Es más, la Generalitat Valenciana, y en concreto la Consellería de Cultura y Educación, no sólo no vela por nuestros intereses colectivos e individuales reconocidos en la Constitución y en nuestro Estatut d´Autonomia, sino que con su silencio, permisividad y beneplácito los socava, convirtiéndose en cómplice en la suplantación de nuestra lengua y cultura.

 

No hay más que comprobar los materiales curriculares con los que dogmatizan a nuestros alumnos plagados de "països catalans", unificación de las lenguas, adulteración de nuestros clásicos o reinterpretaciones históricas, para evidenciar la dejación de funciones de aquellos que dicen defender nuestra historia.

 

Pero si preocupante es lo que ocurre en las aulas con los alumnos, mucho más lo es con los que reciben la formación de profesorado. A ellos, ya sin tapujos, los preparan con material directamente elaborado en Cataluña, o de editoriales afines a la causa catalanista, donde la unidad lingüística solo es el pretexto (o el medio) para conseguir la unidad territorial y política.

 

Nuestro gobierno valenciano y, en concreto el Conseller Font de Mora, debe estar muy ocupado en la construcción de aulas prefabricadas que inundan los patios de recreo de los colegios y en la implantación del chino; y los inspectores (¿existen?) en certificar que ese chino experimental sea el auténtico mandarín. De lo contrario no se entiende que no tengan tiempo para hacer que los libros de texto se atengan a la legalidad vigente.

 

Y, por cierto, si algún día, nuestro gobierno valenciano, como ha hecho el de Navarra, tiene la voluntad política de exigir en los tribunales que se respete nuestra singularidad le agradeceremos que lo haga con profesionalidad, es decir, aportando la documentación necesaria. Sería contraproducente que ocurriera como tantas otras veces y, en especial, en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia sobre la homologación de los títulos de valenciano, donde se aclara que "la Administración demandada (la Generalitat Valenciana) no ha ofrecido datos". Es decir, que la Generalitat Valenciana, ni siquiera se molestó en aportar los estudios, documentos y pruebas para proteger nuestra cultura y lengua valenciana. Aunque ¿cómo se iban a defender si la parte contraria (los catalanistas) aportaron como prueba fundamental el dictamen de la AVL -institución creada por la propia Generalitat-, en el que reconoce la unidad de las lenguas?

 

Agallas en Navarra frente a los vascos, pleitesía en Valencia frente a los catalanistas.